El Gobierno prepara un proyecto de ley que pretende dar a los manantiales el rango de dominio público Los propietarios, a los que se les ofrece un permiso de explotación de 60 años, hablan de «nacionalización»

Las empresas embotelladoras de agua mineral y aquellas que prestan servicios de aguas termales están en pie de guerra ante un anteproyecto de ley que prepara el Gobierno central y que pretende convertir en dominio público un bien que lleva siglos siendo explotado como bien privado. Las dos empresas de agua mineral radicadas en Gipuzkoa, Alzola e Insalus, y el balneario de Cestona se han alineado con el resto de propietarios españoles para denunciar «un intento de expropiación que se convertiría en una nacionalización en toda regla».

«Es como si tienes una casa en propiedad y el Gobierno te dice que ha decidido convertirla en un bien público, aunque te compensa con el permiso de vivir en ella durante un plazo de 60 años. Un auténtico despropósito, vamos», resalta el responsable de una de las empresas guipuzcoanas del sector. El borrador del anteproyecto de ley de Bases de Aguas Minerales y Termales expresa que «los recursos minerales, geológicos e hidráulicos del territorio español son propiedad de todos los españoles, a excepción de las aguas minerales y termales, lo que constituye una incongruencia». Para acabar con ella, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del que depende el control de estos manantiales, propone declararlos de dominio público, aunque permitiendo que sean explotados en régimen privado. Las concesiones alcanzarían un máximo de 60 años, «por lo que no tendría sentido calificar la medida de nacionalización», según Industria.

El Gobierno pretende que quienes quieran explotar un manantial pidan una concesión administrativa y paguen los impuestos que correspondan a los ayuntamientos por el uso privado del dominio público, pero la patronal del sector de agua envasada ve en ello «una brutal vulneración de los derechos de la propiedad privada que sienta un peligroso precedente de incertidumbre jurídica en España, además de suponer un importante perjuicio económico a las compañías».

La secretaria general de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasada (Aneabe), Irene Zafra, señala que esta ley convertiría un bien de propiedad privada en público «de la noche a la mañana», sin tener en cuenta las inversiones realizadas por empresas nacionales y extranjeras. «El Ejecutivo ha decidido cambiar las normas del juego en medio del partido y eso es inaceptable. Apelamos al sentido común para que se retire este anteproyecto».

«Es un sinsentido»

Las empresas guipuzcoanas se remiten a la postura oficial de la asociación nacional, aunque alguno de sus responsables aporta varias claves. «Este proyecto es un sinsentido, porque el agua embotellada supone el 0,01% de los recursos hidráulicos del país. Si hubiera un problema grave de suministro de agua o una necesidad pública imperiosa, las empresas embotelladoras de agua mineral seríamos las primeras en ceder el agua de nuestros manantiales, pero en las condiciones actuales esta propuesta no deja de ser una boutade».

Se basan en un ejemplo simple: «Los manantiales que brotan en unas tierras de propiedad privada pertenecen a sus dueños. Si tienes una tierras en las que crecen unos manzanos estupendos, ¿el Gobierno también puede arrogarse el derecho de expropiarte las manzanas que brotan de ellos con la excusa del bien público?».

Las empresas embotelladoras confían en que el anteproyecto sea retirado y no descartan que se trate de un «globo sonda» del Gobierno. Ironizan al decir que si lo que quiere el Ejecutivo es obtener un bien público considerable, mejor haría en nacionalizar la banca, que multiplica por mucho el volumen de negocio del agua mineral.

Advierten también de que la entrada en vigor de esta ley provocaría una elevación de los precios del agua mineral envasada, que en la actualidad es una de las más baratas de Europa. «En países vecinos como Francia el precio del agua embotellada multiplica a la de aquí y, que se sepa, ninguno de esos países tiene el agua nacionalizada».

La publicación del borrador del anteproyecto de ley ha provocado las críticas del principal partido de la oposición. El secretario de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, ha calificado la propuesta de «algo más propio del presidente boliviano Evo Morales que de un país miembro de la Unión Europea».

En los pabellones de las empresas embotelladoras guipuzcoanas ya ha empezado a circular la broma de que la demanialización (conversión en titularidad estatal) del agua mineral podría convertir a los empleados de estas compañías en funcionarios de facto, lo que no sería visto con malos ojos por la mayoría.

Competencias

Otro tema que preocupa a las empresas guipuzcoanas es cómo llegaría a materializarse esta ley en Euskadi. Desde el departamento de Industria del Gobierno Vasco explican que «ésta es una ley de Bases que crearía un marco regulatorio común que las comunidades autónomas deberían regular». En el caso vasco, las aguas minerales pasarían a ser públicas, pero el departamento de Industria sería el encargado de declarar cuáles de ellas se catalogarían como de utilidad pública. Esta ley sólo afectaría a las aguas minerales y termales, sin incluir a los cerca de mil pequeños y grandes manantiales que riegan el territorio guipuzcoano.

Fuente: Diariovasco.com